La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una enfermedad discapacitante. Afecta a los tres componentes considerados por la Organización Mundial de la Salud como necesarios para alcanzar el bienestar humano. De forma tal que, al mismo tiempo que afecta aspectos metabólicos, endocrinológicos, excretores y de la homeostasis, irrumpe el equilibrio psicológico del individuo y decrementa su interacción social. La IRC representa entonces un problema de salud que tiene un alto costo individual y social, el cuál puede representarse a través del impacto económico directo e indirecto que ocasiona. En México, ocupa el cuarto lugar de atención hospitalaria entre los hombres y décimo entre las mujeres.

El tratamiento médico de los pacientes con IRC tiene, por lo menos, cuatro objetivos primordiales: 1) Procurar la máxima calidad de vida posible durante cualquiera de las etapas del daño renal; 2) Retardar la progresión del daño; 3) Revertir y/ó disminuir las complicaciones secundarias a la falla renal (tomando el síndrome urémico como indicador) y; 4) Evitar o corregir las complicaciones secundarias al tratamiento del síndrome urémico. Para lograr estos objetivos se instrumentan las estrategias del control dietético-nutricional, el procedimiento de sustitución de la función renal y, de ser posible, el tratamiento de trasplante renal. Desafortunadamente, por cuestiones logísticas, presupuestarias, de infraestructura, de falta de manejo integral, etc., en México -a diferencia del resto de países del mundo- el tratamiento predominante es la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA). Los pacientes, tanto tratados como no tratados, tienen un pronóstico desfavorable tanto para la función como para la vida. Las estadísticas de sobrevida reportan que a los 48 meses de ser diagnosticados con IRC solo sobrevive el 4% de la población.

Tanto los procedimientos como la DPCA han sido implementados y promovidos como estrategias sustitutivas de la función renal. Desafortunadamente, debido a que no pueden suplir todas las funciones fisiológicas y dada la alta mortalidad de los pacientes, aun en pacientes con tratamiento, han sido procedimientos cuestionados con respecto al impacto benéfico que pueden llegar a tener. Diversos estudios señalan que si bien estas técnicas no impactan de manera importante en la morbi-mortalidad, sí juegan un papel valioso en mejorar la funcionalidad individual y social de los pacientes.

En el área de la economía de la salud se han generado herramientas para medir los beneficios tanto objetivos como subjetivos de los tratamientos. Un concepto que cada día cobra más popularidad, sobre todo entre padecimientos con mal pronóstico, es la “calidad de vida”. Este concepto, muy discutido desde sus orígenes, se define generalmente como un estado y/ó percepción de bienestar que permite cierta capacidad de funcionar en el entorno social que habita el individuo –ciertamente existen definiciones más extensas y precisas-. Al margen de las controversias de su idoneidad, el concepto recaba dos rubros: la subjetividad del individuo en un contexto y la capacidad de funcionar en un entorno. Así pues, se han generado diversos instrumentos para tratar de medir la calidad de vida de las personas en las áreas biológicas, psicológicas y sociales. Uno de estos instrumentos es el cuestionario SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Short-Form Health Survey). Este cuestionario, validado para población mexicana, se utiliza  frecuentemente debido a su fácil aplicación y pragmatismo.

En el año 2007, la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social publicó un artículo en donde a través de la SF-36 se evaluaba el impacto en la calidad de vida que tenia la DPCA en los pacientes. EL estudio de Sandoval-Jurado y cols. se realizó en el Hospital General de Zona de Cancún, Quintana Roo, con pacientes mayores de 18 años que habían cumplido al menos tres meses dentro del programa de sustitución renal. Los autores evaluaron los ocho campos de la encuesta, a saber: la función física de los pacientes, el estado de salud en general, la vitalidad, la funcionalidad social, la salud mental, si existía dolor corporal, el rol emocional y físico. Los resultados muestran que los pacientes con DPCA reportaban que con el tratamiento existía una mejoría en la esfera de la salud mental; en contraste, este procedimiento afectaba el desempeño de las actividades de la vida diaria al depender del tratamiento para programar su accionar diario. Aún cuando el tiempo de exposición o permanencia en el programa solo muestra un espectro de todos los efectos de la DPCA en la vida de las personas, muestra también que desde el momento inicial tiene implicaciones negativas, además de las evidentemente positivas. Ello obliga a pensar que en toda intervención médica existen costos, tanto positivos como negativos, los cuales pueden ser identificados y medidos a través de diferentes herramientas económicas.  

Por otra parte, el hecho de que la DPCA afecte la calidad de vida también urge a pensar en alternativas que otorguen mejores resultados clínicos (por ejemplo técnicas dialíticas que mejoren la depuración de calcio o fosfatos) pero, también, que sean sustentables económicamente, factibles de instaurar en un país diverso y con barreras de acceso como el mexicano y que durante su aplicación tenga el menor impacto negativo en la calidad de vida de los individuos. Nuevamente, las evaluaciones económicas servirán como instrumentos para informar y sustentar la elección de las mejores alternativas. Existiendo en nuestro medio, evaluaciones de este tipo en nuestra población, un siguiente paso, es poder realizar evaluaciones de Costo-Utilidad que nos conduzcan a  poder también pensar  en cómo determinar los años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC) o los famosos QALYs (por sus siglas en Inglés) donde podamos establecer criterios que nos permitan compararnos con otros países que ya manejan este concepto y considerando un área tan importante como es la calidad de vida de los pacientes, pero sin dejar de lado la economía como herramienta para quienes están en  poder de decidir.