Hace aproximadamente unos cuarenta años que se inició la aplicación de la evaluación económica al campo de la salud. El progreso de este proceso ha sido muy desigual entre países, destacando en líneas generales aquellos países que han convertido el derecho a la salud en un componente clave de la política social mediante la creación de sistemas de salud con vocación de universalidad y financiación pública. Las razones son obvias: en estas condiciones la demanda de servicios de salud aumenta sustancialmente, lo que constituye un fuerte incentivo para la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, cuyos crecientes costes no siempre están justificados por su aportación terapéutica y que, en cualquier caso, cuestionan la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud y ponen en peligro los principios de equidad, en la medida en que algunos países opten por dejar tecnologías de alto coste fuera de la cobertura de los sistemas de salud.

La evaluación económica proporciona un instrumento imprescindible para establecer prioridades y asignar eficientemente los siempre limitados recursos que las sociedades dedican a la atención de la salud. Algunos de los países más avanzados en la aplicación de la evaluación económica a la toma de decisiones en salud - Australia, Reino Unido, Canadá, los países nórdicos, etc – han convertido este instrumento en un elemento habitual en la gestión y el debate sobre la incorporación de tecnologías de salud a la financiación pública, pero la situación deja mucho que desear en la mayoría de los países, especialmente en los países de menor nivel de renta, donde este enfoque es precisamente más necesario. A menudo se atribuye esta situación  a la baja calidad y rigor de los estudios realizados en dichos países, lo que sería la causa de su baja utilización por los tomadores de decisiones. Sin negar la necesidad de mejorar dicha calidad y la capacitación de analistas y decisores en estos temas, mi opinión es que esto es más bien la consecuencia que la causa del problema. En la medida en que los decisores  consideren relevantes los estudios de evaluación económica y se basen efectivamente en dichos análisis para tomar decisiones de financiación, selección de indicaciones o establecimiento de precios de tecnologías y programas de salud, estarán en una posición muy sólida para requerir el nivel de calidad que consideren conveniente para dichos análisis. En este sentido, todos los países indicados anteriormente han establecido directrices y estándares metodológicos que garantizan la calidad y comparabilidad de los estudios y limitan los sesgos intencionados en los resultados. Por otra parte, en ningún lugar se aplican los resultados de las evaluaciones económicas forma automática como criterio único. Así, el coste por AVAC (año de vida ajustado por calidad), uno de los indicadores sintéticos de coste-efectividad más habituales, es uno de los criterios de referencia, pero en ningún caso el único.

En el caso de España, por ejemplo, es obvio que existe una capacidad técnica suficiente para llevar a cabo estudios de evaluación económica, tal como atestiguan las publicaciones de trabajos en revistas de reconocido prestigio, pero muchos políticos, gestores y líderes de opinión no han integrado realmente las consideraciones económicas entres sus criterios establecimiento de prioridades. En el reciente y controvertido debate sobre la conveniencia de incluir o no la vacuna del papiloma humano en el calendario oficial de vacunaciones, es obvio que han primado a menudo consideraciones de prestigio político. Así, a pesar de las reservas expresadas por una plataforma de médicos y académicos que solicitaban una moratoria a su implantación, tanto por razones de efectividad y seguridad como por su coste-efectividad, la vacuna ha sido introducida en todas las comunidades autónomas. El presidente de una importante sociedad médica no duda en repetir la tradicional sentencia de que “prevenir un cáncer no tiene precio”, mientras que un alto responsable del ministerio de salud afirma que “es opinable cuánto cuesta la vacuna en cuanto al beneficio de la prevención. Esta pregunta se la deberían hacer los laboratorios” * .  Parece que a nadie le gusta asumir el coste político de decir que no.

En algunos países de América Latina una de las manifestaciones más obvias de la ausencia de una cultura de la eficiencia y de la necesidad de priorizar racionalmente por parte de las instituciones es la creciente judicialización del acceso a nuevos medicamentos, con resultados cuestionables en términos de coste-efectividad y equidad, ya que permite a unos grupos reducidos de privilegiados el acceso a medicamentos no incluidos en la cobertura pública – normalmente por razones coste-efectividad, limitaciones presupuestarias o incluso de eficacia y seguridad – en detrimento del acceso de otros grupos a prestaciones esenciales y más coste-efectivas.

En conclusión: para avanzar en la aplicación seria de la evaluación económica en salud es esencial promover un amplio consenso social sobre la necesidad de establecer prioridades a fin de alcanzar objetivos sociales de equidad y eficiencia, que implique a técnicos, políticos y ciudadanos. Una vez alcanzado este consenso será más fácil desarrollar las capacidades técnicas y operacionales para lograr los anteriores objetivos.

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* María R. Sauquillo. Prevenir el cáncer tiene precio. El País, 15 de abril de 2009.